La neutralidad en la Red europea no avanza. En abril de 2014, justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo se aprobó un proyecto de ley para el Reglamento de la Comisión sobre el Reglamento Único del Mercado de las Telecomunicaciones o TSM, también llamado ‘Continente Conectado’.
Ese borrador pretendía reducir los casos ‘excepcionales’ por los que un proveedor de servicios de banda para Internet podía ralentizar o bloquear contenidos online. La normativa preveía que, en caso de realizarse esas prácticas, serían transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y sólo se desarrollarían como gestiones puntuales y justificadas del tráfico.
Desde esa primera apuesta del Parlamento Europeo por la neutralidad en la Red nada se ha hecho, incluso la presidencia de Letonia propuso un nuevo texto para desatascar el tema a principios de 2015. Pero no hay visos de que el tema vaya a acelerarse. Y, mientras, los legisladores de la Unión Europea no debaten sobre este tema, los legisladores nacionales han configurado a su aire sus propias normas sobre los derechos a cumplir en la neutralidad en la Red.
Casos nacionales
En enero de 2015, la Autoridad de los Consumidores y de los Mercados holandesa multó a dos empresas holandesas, KPN y Vodafone, por infringir las normas nacionales de neutralidad en la Red.
También en el ámbito nacional, la entidad de control de las comunicaciones esloveno multó a dos operadoras del país Telekom Slovenije y Si.Mobil por haber proporcionado transferencias de datos masivos gratuitos para sus suscriptores, música en directo y servicios de almacenamiento de datos en la nube.
Este desfase inexplicable e inaplazable sugiere que la legislación de la neutralidad en la Red europea no puede ser aplazada si no se quiere que se produzca una falta de convergencia en el futuro sobre este tema en función de legislaciones nacionales tan diferentes.
Se trata de una falta de legislación comunitaria básica que pone en riesgo el mercado único europeo y los mismos derechos de los ciudadanos de la Unión Europea.
Y todo, cuando la misma Unión ha publicado cifras que hablan de los ingentes beneficios que supondría una buena regulación del mercado de las comunicaciones del continente. Hoy, por hoy, esta situación resulta inexplicable.
