La neutralidad en la Red en Colombia agita el conflicto alrededor de la política oficial sobre Internet. El Gobierno colombiano asegura que los cambios en la ley de la neutralidad en la Red son una actualización práctica para garantizar las funciones fiscalizadoras de la CRC, el organismo público de las comunicaciones colombiano. La oposición y los activistas favorables a la neutralidad en la Red creen que es una maniobra del Ejecutivo.
La neutralidad en la Red en Colombia afecta a cuatro operadoras de telefonía y de banda en Internet, Claro, ETB, Movistar y UNE. Según la normativa vigente, ningún operador puede privilegiar a unas empresas o unos usuarios sobre otros en función de que puedan pagar más por mejores servicios o se acojan a la aplicación de tarifas diferenciadas que ofrezcan una mayor velocidad y un flujo mayor de los paquetes de datos en los accesos a Internet.
El conflicto político se plantea cuando las fuerzas políticas colombianas valoraron de diferente forma una solicitud de derogación de una parte del articulado que garantiza la neutralidad en la Red en Colombia.
Modificación
La modificación se refería a los plazos necesarios que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) había de cumplir para establecer las condiciones de la neutralidad en la Red en 2011 y que finalmente hizo en plazo con una resolución la 3.502.
Esta decisión cumple la legalidad para poner en manos de la CRC todos los asuntos relacionados con la neutralidad en la Red como sucede en muchas democracias del mundo. Con esta modificación del articulado cuya letra se había mantenido con una anomalía que impedía la puesta en marcha de las disposiciones, la CRC puede realizar sus tareas fiscalizadoras sobre las condiciones en las que opera la neutralidad en la Red en Colombia. La oposición y los activistas favorables a la neutralidad en la Red creen que es una maniobra del Ejecutivo.
